En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el ministro de Salud, Julio Borba, sostuvo que siguen las negociaciones para traer las dosis pediátricas anticovid, de modo a inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años antes del inicio de las clases.

“Si Dios permite, los trámites se harán en esta o la siguiente semana a más tardar”, respondió al consultársele sobre las 500.000 dosis de Coronavac donadas por Brasil que están pendientes de ser trasladadas a nuestro país.

Sobre las vacunas pediátricas de la marca Pfizer, la autoridad precisó que esta tarde se reunirán para avanzar en el proceso de contratación de estas dosis. Sin embargo, indicó que está pendiente que se extienda la ley de Emergencia Sanitaria para poder firmar este contrato. De conseguirse esto, en el mes de febrero se podría contar con estas vacunas, según prometió.

No obstante, pese al apuro por traer las vacunas para los niños, Borba indicó que preocupa que de los 800.000 a 900.000 menores que comprenden la franja infantil a ser inmunizada, solamente 130.000 están inscriptos en la plataforma Vacunate. “Si me llegan las vacunas donadas en enero, con esa cantidad ya es más que suficiente para cubrir”, aclaró.

En otro momento sostuvo que a su parecer suspender las clases al no llegar las vacunas pediátricas sería un retroceso importante, porque también está en juego la salud mental de los chicos, quienes ya deben volver en su totalidad a las aulas de manera presencial.

Por otro lado expresó su preocupación por la situación epidemiológica ante el acelerado avance de la variante ómicron. En ese sentido sostuvo que preocupa el acuerdo con los sanatorios privados para la utilización de sus camas UTI, convenio que venció el 31 de diciembre. Además está pendiente que se pague toda la deuda por estos traslados de los pacientes con Covid. “Lo que más preocupa ahora es el tema de los sanatorios privados. En este mes de enero se va a seguir pagando el monto pendiente”, prometió.

Sobre nuevas restricciones a ser adoptadas ante este escenario de mucho contagio, el ministro de Salud aclaró que no se evalúan nuevas medidas, solo algunas restricciones en cuanto al aforo en los eventos deportivos y las fiestas.

Por último indicó que siguen evaluando a nivel jurídico la posibilidad de implementar un pase sanitario y que trasladarán el debate a la esfera legislativa, de modo a que los congresistas puedan estudiar la posibilidad de implementar este requerimiento sanitario.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.